Por: Adalberto Carvajal

La elección de personas juzgadoras a celebrarse el 1 de junio de 2025, no sólo cumple con todas las partes del proceso electoral democrático sino que replica el proceso judicial, señala el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Federico Anaya-Gallardo.

“Si pensamos en la elección como un juicio –dice el aspirante postulado por los poderes Ejecutivo y Legislativo, número 36 en la boleta morada–, tenemos abogados (los medios de comunicación) que acusan o defienden a los candidatos, y un juzgador (el electorado) que debe escuchar los argumentos de las partes.”

“En este juicio los medios presentan opiniones a favor y en contra, a una ciudadanía que va a decidir con su voto cuál argumento es mejor” –sostiene en su visita a Colima el académico, activista, litigante y consultor jurídico de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales quien, a la pregunta que le hizo el INE de por qué quiere ocupar el cargo de ministro, respondió: “Mi experiencia en defensa de derechos humanos en luchas populares aportará visión social a los debates de la Corte”[1].

“A final de cuentas, veo el mundo como abogado: en una elección judicial, las personas juzgadoras son todos los votantes; los abogados litigantes son los medios; y las personas sometidas a juicio, son los candidatos. El electorado va a juzgar quién cree que es mejor de acuerdo con las pruebas que se presenten. Es una visión muy abogadil de una elección, pero así la siento yo”.

Hay una intensa campaña para desalentar la participación popular en la elección judicial, le digo al entrevistado, a partir de la idea de que más democracia significa en realidad menos democracia. De hecho, un difundido meme sostiene que en esta elección no debería votar la gente que ignora la diferencia entre ‘sufragio y democracia’, entre ‘jurisprudencia y política’ o entre ‘poder judicial, legislativo y ejecutivo’, porque quienes ni siquiera conocen a los candidatos votarán a ‘lo pendejo’, y su ‘estupidez’ ¡destruirá a México!

Para Federico Anaya, es al contrario: con más sufragio, habrá “más democracia”. Y según vaya habiendo elecciones, la gente aprenderá a votar mejor. En Estados Unidos –añade– tienen tanto éxito las series de televisión de abogados porque la gente vive el derecho todo el tiempo. Ante cualquier desacuerdo, se dicen: ‘te veo en corte’. Durante 200 años han estado socializando la justicia, dando seguimiento a los juicios. En cambio, “en México dejamos el derecho guardado en el tribunal y volteamos a otro lado”.

Tras dictar sendas conferencias en la Universidad Intercultural de Comala y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como celebrar encuentros con la comunidad jurídica y representantes de la sociedad civil, Anaya-Gallardo dice a este columnista: “La elección judicial va a salir bien, no es una mala idea”.

CIENCIA Y CULTURA JURÍDICA

Colaborador en las mesas de opinión de Julio Astillero y de Rompeviento TV, Federico Anaya ha hecho labor en la prensa y los medios sociales como divulgador de la ciencia jurídica o promotor de la cultura legal.

En entrevista con Carvajal Berber Noticias coincidimos en que esta elección judicial, además de fomentar la democracia, ayudará a la educación cívica. Hay que terminar de instruir a la gente en materia de derecho, especialmente cuando en la batalla por ganar el sentido común los detractores de la reforma han venido sosteniendo tremendas aberraciones.

Incurren en la aberración jurídica, retoma Anaya, “y aparte dicen que es la verdad absoluta. Eso es lo que provoca a la gente que no es abogada, más coraje o desconcierto. No olvidemos que el derecho, en realidad, es un mecanismo para dirimir controversias”.

Fue un ministro de la Corte Suprema en Estados Unidos quien dijo: cuando eres juez, si tienes suerte en cada caso que llegue a tu tribunal vas a tener dos versiones, la del que acusa y la del que defiende al acusado. Pero, normalmente, en un juicio va a haber una tercera, cuarta o quinta parte con interés en el asunto.

Federico Anaya recuerda un caso de cuando fue abogado general de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). En el ambiente de renovación de las autoridades que se dio como resultado del movimiento estudiantil y académico que revocó el mandato de una rectora y produjo un cambió de administración, muchas mujeres que habían sufrido violencia de género presentaron denuncias.

De 20 casos que se reportaron, en 19 la UACM encontró que había razón por parte de quienes se consideraban víctimas de esos machos que “todavía no aprendemos a ser igualitarios”. Y uno de los denunciados era “un antiguo profesor respetabilísimo, a quien yo quería y sigo queriendo mucho, aunque él ya no me quiera”.

Se hizo el procedimiento respetando la palabra de las presuntas víctimas y el derecho a defenderse del supuesto agresor. Y el asunto terminó 11 meses después con una dolorosa decisión: rescindir la relación de trabajo.

Tras el despido, el profesor acudió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje e inició un juicio que duró 11 años. Al final, aunque ya no le tocó a Anaya recibir el laudo, se estableció que la patronal demostró que había habido una conducta inadecuada por parte del procesado y, por lo tanto, que fue correcto el despido.

Sin embargo, la Junta también reconoció que la UACM había puesto en peligro el derecho laboral de esas mujeres víctimas, ya que deben poder trabajar sin violencia de género. El arbitraje encontró, pues, que no sólo había dos versiones en la disputa sino tres.

EL JUEGO DEL DERECHO

“El juego del derecho es confrontar los razonamientos y encontrar una solución. Por eso es fascinante. Y también porque, dependiendo de las circunstancias, van cambiando los criterios. A eso obedece que en los tribunales colegiados de Circuito y en la Suprema Corte se emitan jurisprudencias. Necesitas discutir muchos casos y ver si se repiten precedentes para, entonces, ir formando una teoría.”

En un litigio, cada lado alega tener la razón. Y cuando termina el procedimiento, la persona juzgadora dirá cuál es la verdad jurídica. Mas, para llegar a eso, tiene que escuchar a un lado y al otro. Finalmente, quien no esté de acuerdo con la resolución puede irse a la segunda instancia. Y la figura del amparo permite tener hasta un tercer momento de reflexión. Pero cuando concluye esa etapa, estamos ya ante una verdad jurídica.

“La persona juzgadora tiene que oír a cada parte y luego razonar, de preferencia verbalmente. Por eso, todos los juicios deben ser orales. Para que, al final, el juez resuma en voz alta los argumentos de la parte, la contraparte y los terceros interesados, y con base en eso pronuncie su fallo.

Claro, tampoco es cierto que esa sentencia es la única verdad jurídica posible. Y ahí es donde aparece la injusticia estructural: “una persona que no tiene manera de juntar las pruebas y documentar su argumento en una primera instancia, en una segunda ni en el juicio de amparo, porque por falta de recursos no tuvo un buen abogado, simplemente pierde el asunto”.

“La verdad jurídica es una y la justicia es otra verdad. Por eso es tan grave que no haya abogados de la misma calidad para todo mundo, es tremendamente injusto. La defensoría de oficio tendrían que estar compuesta por los mejores abogados”.

En algunos estados de la Unión Americana y a nivel federal, por principio una persona acusada de un delito no puede usar para defenderse la riqueza que haya obtenido presuntamente a través de esa actividad criminal. El sistema judicial congela los fondos, particularmente en casos de crimen organizado. Lo primero que hace la fiscalía es avisarle al juez, y en ese momento, si el acusado no tiene dinero lícito para contratar un abogado, su representación legal pasa al defensor público.

“De otro modo, pasaría como con la corrupción mexicana de los ochenta y noventa, cuando el ex regente del Distrito Federal, Oscar Espinosa Villarreal, tuvo fruto del desfalco todo el dinero para pagar los mejores abogados, enredar el asunto y salir libre”. Lo que robó, le dio impunidad.

“Casos como ese deberían estar en la defensoría de oficio: el acusado tiene derecho a la mejor defensa posible pagada por el Estado, pero no a utilizar el dinero obtenido a la mala.”

Eso lleva al candidato a ministro a decir que los abogados deberían tener cuota fija. En teoría, las barras de abogados establecen el estándar de cobro para que no haya abusos ni injusticias, y que el servicio de un abogado sea razonablemente accesible. “Pero, en México, nuestras barras todavía no logran disciplinarse a sí mismas. En Estados Unidos sí, pero no necesariamente lo hacen por el tema de libre mercado. Lo cierto es que, en un juicio, todas las voces deberían contar con un abogado de oficio de alta calidad y bien pagado. De esa manera, los jueces estarían oyendo en teoría argumentos equilibrados. Y el público podría confiar en la justicia”.

LOS MAXI-ABOGADOS

Anaya-Gallardo es, junto con David Peña, uno de ‘los maxiabogados’, el nombre que les puso el periodista Ernesto Ledesma a sus invitados a la mesa de análisis jurídico que, desde hace cuatro años, transmite cada lunes el canal de Rompeviento TV en YouTube.

Ledesma y Anaya se conocieron en Chiapas cuando ambos participaban en las organizaciones ciudadanas que le daban seguimiento al zapatismo y a Samuel Ruiz. Y Peña lleva años trabajando en una onegé para la defensa de los derechos humanos”. A ambos, el mote de maxiabogados desde el principio “nos pareció un poquito sangrón”. No obstante discuten muy en serio temas jurídicos, tratando de popularizar los conceptos.

“Hay asuntos recurrentes, por ejemplo el trabajo de las fiscalías (en concreto, la incapacidad de los fiscales para probar los delitos más complicados). O los casos que tienen que ver con corrupción”. No hace mucho analizaron por qué el juicio contra Alonso Ancira por el fraude perpetrado desde Altos Hornos de México, terminó en un desastre al permitir la liberación de un delincuente de cuello blanco.

Lógicamente, “no somos fans del fiscal general de la República porque no es muy eficaz, aunque cuando Alejandro Gertz Manero ha hecho bien las cosas, lo que es raro, siempre lo decimos”.

Con ese enfoque, abordaron la entrega a los Estados Unidos de los 29 miembros del crimen organizado que estaban presos en México sin agotar un proceso de extradición, sino invocando la Ley de Seguridad Nacional. El debate en la mesa se centró en la existencia de dos causas en esta materia:

– Una era el peligro para la seguridad nacional que suponía la posibilidad de que algunos de ellos fueran liberados en medio de muy complicados procesos legales. Siendo generadores de violencia en los pueblos, liberarlos era permitirles seguir haciendo daño. Entonces, mejor entregarlos a Estados Unidos que ya había pedido su extradición aunque no había terminado el trámite.

– El otro peligro para la seguridad nacional es más complicado. Proviene de Estados Unidos que ha estado amenazando a México, de manera arbitraria e injusta, con intervenir directamente en nuestro territorio si no se cumple lo que el señor Trump cree que se debe hacer. Este es un riesgo concreto de seguridad nacional.

Ahora bien, “siendo el crimen organizado el enemigo común de Canadá, México y Estados Unidos, si para apaciguar a ese vecino que de pronto se sobrepasa basta con entregarle a esos delincuentes, ahí hay una razón de seguridad nacional”.

UNA RAZÓN DE ESTADO

El debate jurídico sobre esta cuestión es más complicado de lo que parece. El tema no es si nos saltamos la Ley de Extradición, sino el peligro que suponía para la nación permitir que jueces mexicanos los liberaran, por un lado, y, por otro, el peligro que corríamos como país si no negociábamos con Estados Unidos, advierte Anaya.

“La expresión Seguridad Nacional se utiliza en todos los países para justificar lo que los antiguos politólogos llamaban Razón de Estado. El concepto es válido, pero en una sociedad democrática lo tienes que explicar y ser transparente en cuanto a las razones por las que el Estado considera que el país estaba en peligro y, por lo tanto, por las que se tomó una decisión que, si bien puede ser mala, se hizo de manera transparente y acotada para que las malas consecuencias, en este caso para los derechos humanos, sean las menos posibles.

“Como no fue extradición, le entregamos a Estados Unidos gente que puede ser acusada de un delito que conlleva la pena de muerte. México de todas maneras los va a defender, como siempre defendemos a los mexicanos que en ese país son acusados, justa o injustamente, de un delito con una pena capital contra la que nuestro gobierno siempre ha litigado.

“Teníamos dos malas alternativas geopolíticas frente a Estados Unidos, socio poderoso de México, un país débil que no tiene mucha manera de moverse. E hicimos un sacrificio en materia de derechos humanos porque, con ello, tranquilizamos a un monstruo que nos amenazó en público.

“Se dijo con total transparencia, no me gusta que los vayan a condenar a muerte pero son enemigos de los dos países; Estados Unidos es nuestro aliado en contra del crimen organizado. Y, en cierto modo, en este asunto fue recíproco: más o menos al mismo tiempo le entregó a México al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. El priista ya había terminado su proceso legal y negoció o le regalaron la prisión domiciliaria, pero México, donde todavía tenía cuentas pendientes, había pedido su extradición. Se adelantó el asunto, y ya nos lo entregaron.”

De lo que le falta a la reforma judicial, entre otras cosas de la posibilidad de revocar el mandato de los ministros de la Corte, hablamos con Federico Anaya en una siguiente entrega de esta columna.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com

[1] ‘ANAYA GALLARDO, FEDERICO. Ficha de la persona candidata’. Instituto Nacional Electoral. https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/detalleCandidato/36/6