Por: Adalberto Carvajal

Para ocupar las vacantes que dejaron René Rodríguez Alcaraz y Leticia Chávez Ponce, la gobernadora Indira Vizcaíno propuso como magistrados a Ruth Bravo Ortiz y Roberto Rubio Torres.

Como estaba segura la clase política que, con la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso local, las candidaturas serían votadas a favor, las invitaciones para la toma de protesta de los nuevos integrantes del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado empezaron a circular un día antes. Todavía el Poder Legislativo ni siquiera conocía oficialmente los nombres de los magistrados que se votaron a la mañana siguiente.

René Rodríguez y Leticia Chávez son dos de los magistrados que se acogieron al programa de retiro voluntario que, como un traje a la medida, aprobaron los diputados de la pasada Legislatura para que los jueces de este Tribunal vayan dejando lugar a quienes habrán de conformar una judicatura indirista químicamente pura.

Hasta el momento, no obstante que la titular del Poder Ejecutivo tiene amigos en el Poder Judicial –entre ellos José Alfredo Jiménez, en cuya ponencia hizo sus prácticas profesionales la pasante de abogacía Indira Vizcaíno–, la gobernadora sólo había logrado promover el arribo de Lilia Hernández Flores, quien llegó a ocupar el asiento de Mario de la Madrid Andrade en el STJE, luego que este jurista tuvo que optar entre continuar como magistrado o hacerse cargo de la notaría pública que dejó acéfala su padre, una de las muchas y lamentables víctimas de la pandemia.

Con una pensión que no llega al 100 por ciento, René Rodríguez se jubiló y suma a sus haberes de retiro los ingresos como extrabajador de la SEP, la Universidad de Colima, el IMSS y el Gobierno del Estado. Por si fuera poco, se fue del Tribunal dejando acomodados en la estructura judicial y administrativa del estado, hijos, sobrinos y otros parientes.

Menos publicitado fue el retiro de Leticia Chávez, aquella magistrada que se volvió famosa cuando el entonces presidente del Supremo Tribunal, Bernardo Salazar Santana, la colocó como presidenta interina para garantizar que fuera ella y no algún otro magistrado que pudiera tener la anuencia de la nueva gobernadora, quien lo supliera a la cabeza del Poder Judicial.

Sabiéndose incómoda en su magistratura, Chávez Ponce se retiró voluntariamente del STJE pero, como aún no completa los años de servicio, regresa a su cargo anterior de jueza donde espera completar la antigüedad para jubilarse.

TIENEN CARRERA JUDICIAL

Como Lilia Hernández (a quien los diputados ratificaron como magistrada –otorgándole así la inamovilidad– en agosto pasado) y la propia Leticia Chávez, los nuevos magistrados llegan al STJE con una trayectoria en el Poder Judicial.

Indira Vizcaíno cuidó que los nombramientos sean un reconocimiento a la carrera judicial. En el pasado la cuota de magistraturas para jueces era mínima, comparada con las oportunidades que recibían los juristas que venían de la política partidista, el colegio de notarios, la administración pública, las barras de abogados o la academia.

Roberto Rubio empezó el sexenio como titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado pero pasó a un segundo plano, como asesor en el Despacho de la Gobernadora, a fin de que el nivel de responsabilidad no le impidiera aspirar a la magistratura. Sin embargo, en sus años mozos llegó a ser secretario general de Acuerdos en el pleno del Supremo Tribunal y, más tarde, ocupó el mismo cargo en el Tribunal Electoral del Estado.

Ruth Bravo empezó en las infanterías del Poder Judicial y fue ascendiendo hasta ocupar la titularidad de juzgados de primera instancia en materia penal, civil y mercantil o, por último, del familiar.

Vale decir que aunque Rubio viene de las entrañas del Poder Ejecutivo, como en el caso de Bravo su nombramiento ha sido acogido favorablemente por el gremio de litigantes y los trabajadores del Poder Judicial en Colima. A ambos los consideran ‘de casa’.

Hablando tanto como abogada que como gobernante, durante su intervención en la sesión solemne del Congreso para la investidura de los nuevos magistrados, Indira dijo que Bravo Ortiz y Rubio Torres “son personas íntegras, reconocidas y sensibles”. Subrayó capacidades, trayectorias y recorridos profesionales que coinciden “en el conocimiento del Derecho, la experiencia en el ejercicio de este y el compromiso con la legalidad y con los intereses del pueblo de Colima”.

HABRÁ REFORMA JUDICIAL

Tras una pausa en espera que le llevaran impresas las ideas que pensaba expresar (evidentemente, no quiso improvisar dado lo delicado del tema), Indira Vizcaíno dijo a los nuevos magistrados como para que la oyeran el resto de los jueces de primera y segunda instancia:

“Les invito a desempeñar sus nuevos cargos con el profesionalismo que han desempeñado sus encargos previos; pero más allá de las decisiones individuales que les toque tomar, les invito también a no olvidar el espíritu de toda la discusión que ya inició en nuestro país sobre el funcionamiento del Poder Judicial”, expresó la titular del Ejecutivo estatal[1].

En cada decisión que tomen como juzgadores deben recordar que la sociedad mexicana anhela y merece justicia, pues ya despertó y sabe que la transformación está en sus manos; “en ese sentido, no sólo es lo correcto que trabajemos por una justicia verdaderamente justa, sino que, si ignorásemos esos anhelos, los ciudadanos harán lo necesario para que esos cambios, esa transformación, sean una realidad”.

En otras palabras, la gobernadora adelantó que en Colima la reforma judicial va y que el siguiente asunto que tratarán los diputados en el ámbito de ese otro poder, podría ser la reforma a la Constitución local para armonizarla con la federal en el tema de la elección por voto popular de jueces y magistrados.

Completo el pleno en cuanto a integrantes, los magistrados del Supremo Tribunal deberán empezar a trabajar como en una pecera, a la vista del público porque el próximo paso que den será someterse a una elección.

Pesan más las virtudes cívicas y democráticas que supone elegir por voto directo a los tres poderes del estado y ya no sólo a dos, que el aparente y muy cantado riesgo de que lleguen a la judicatura cuadros más ‘lucidos’ que ‘lúcidos’, es decir, personajes populares más que juristas prestigiados.

Pero la importancia del nuevo mecanismo para nombrar magistrados (y ahora, además, a los jueces) es que el electorado conozca, dentro de las trayectorias el sentido de las sentencias y fallos emitidos por los juzgadores. Que rindan públicamente cuentas de aquellas decisiones cuestionables que hasta ahora, en la discresionalidad y secretismo del trabajo judicial, han pasado desapercibidas por la ciudadanía.

SEGUNDO INFORME

Coincidente con el arribo de dos nuevos magistrados, el presidente del STJE en el estado, Juan Carlos Montes y Montes rindió su segundo informe anual.

De su mensaje, la comunicación oficial[2] destaca su contento por los avances que se han logrado en conjunto, consciente de los retos que faltan por afrontar. “La ruta la trazamos desde que asumí esta presidencia, con el claro objetivo de cambiar la cara de la justicia en Colima”, puntualizó.

El detalle del trabajo de Montes no se revela por prudencia, pero implicó desbaratar las redes de complicidad entre algunos de los integrantes del pleno con jueces y secretarios de acuerdos, a fin de operar flagrantes actos de corrupción.

Mucho de ese personal continúa laborando en el Poder Judicial, pero ya no se ven a secretarios particulares actuando como correos entre un magistrado del Supremo Tribunal y los juzgados de primera instancia, para radicar expedientes y resolver asuntos a capricho como hacían descaradamente en la presidencia de Bernardo Salazar.

En el contexto de una inminente reforma al poder judicial local, el reto de Montes y Montes es hacer la tarea de depuración que no le permitieron emprender al ministro Arturo Saldívar cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando la Judicatura Federal se negó a reformarse a sí misma, vino el Plan A, luego el B y, finalmente, el C. Y habría emprendido la 4T un Plan D, si los ministros se hubiesen empeñado en declarar inconstitucional la Constitución reformada.

El Plan A de López Obrador fue una reforma electoral, que la Corte declaró inconstitucional en varios de sus elementos clave. El Plan B comprendió modificaciones a leyes secundarias que no requerían una mayoría calificada en el Congreso, pero que también fueron echadas abajo por los ministros. Y el Plan C se avocó a hacer campaña electoral no sólo para ganar la Presidencia de la República, sino para lograr la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas locales que posibilitaría reformas como la del Poder Judicial[3].

El Plan D que Claudia Sheinbaum reveló hubiera sido su as bajo la manga en caso que la votación en el pleno de la Corte hubiese sido otra, no buscaba promover juicio político contra los ministros por pretender un lawfare (un ‘golpe blando’ que resultó ‘aguado’), como querían sus opositores que hiciera la presidenta para poder exclamar: ¡tirana!

El verdadero Plan D consistía en “volver a presentar la reforma con dos modificaciones centrales: la primera, que en lo que no llegaba el nuevo Poder Judicial electo por el pueblo o elegido por el pueblo, se pudiera elegir al octavo ministro, porque el ministro [Luis María] Aguilar deja la Corte el 30 de noviembre”; y la segunda modificación hubiera sido quitarles a los ministros los haberes de retiro, resume Contralínea[4].

GANÓ HUEZO

Sin menoscabo de la carrera magisterial y trayectoria sindical de Miguel Huezo, la primera elección por voto directo de un secretario general en la Sección 6 del SNTE se caracterizó por la copiosa participación de los trabajadores de la educación. Como señala el portal Colima Noticias, de 12 mil votos posible acudieron a las urnas poco más de 9 mil maestros y personal de apoyo, en activo y jubilados.

Los tres primeros lugares se definieron por dos o tres puntos porcentuales, y el cuarto quedó a cinco. Fue una elección muy competida en la que se impuso la institucionalidad, esa cultura de la línea (que denunció la única mujer entre los candidatos) a la que los maestros no van a renunciar fácilmente, pero que tampoco tiene que ser forzosamente ajena a una convicción en la base sobre lo conveniente que resulta para muchos, dar continuidad a lo que ha sido la dirigencia de Jose Jaime Núñez.

Es el nuevo ‘viejo’ SNTE. Ninguno de los cinco aspirantes a la secretaría general seccional osó deslindarse de la dirigencia nacional. Y eso que, a diferencia de los tiempos en que Elba Esther Gordillo era cacique sindical, santa patrona de su propio partido Nueva Alianza, secretaria general del PRI y coordinadora de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados, el actual secretario general del Sindicato, Alfonso Cepeda Salas, es senador de lista nacional ¡por Morena!

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com

[1] ‘Gobernadora de Colima atestigua toma de protesta de nuevas magistraturas del STJE’. Gobierno del Estado de Colima, Coordinación General de Comunicación Social, Boletín de Prensa. Colima, Col., 14 de noviembre de 2024.

[2] ‘Gobernadora Indira Vizcaíno acudió al Informe del Presidente del Poder Judicial’. Gobierno del Estado de Colima, Coordinación General de Comunicación Social, Boletín de Prensa. Colima, Col., 14 de noviembre de 2024.

[3] ‘Poder Judicial bloqueó sistemáticamente las reformas impulsadas por la 4T’. Nota de Anahí del Ángel. Contralínea, 6 de agosto de 2024. https://contralinea.com.mx/interno/semana/poder-judicial-bloqueo-sistematicamente-las-reformas-impulsadas-por-la-4t/

[4] ‘Plan D, de Sheinbaum, no incluía juicio político contra ministros’. Nota de Anahí del Ángel. Contralínea, 6 de agosto de 2024. https://contralinea.com.mx/interno/semana/plan-d-de-sheinbaum-no-incluia-juicio-politico-contra-ministros/