Por: Adalberto Carvajal

Más de 13 mil casas construirá en Colima el programa del gobierno de Claudia Sheinbaum, Viviendas para el Bienestar. Para ello, en los municipios de Manzanillo, Tecomán, Coquimatlán y Villa de Álvarez se tienen 11 predios en revisión por parte de Conavi e Infonavit. Siete de esos proyectos se ubicarán en el puerto, donde tres predios ya fueron validados por Sedatu.

Así lo confirmó la gobernadora Indira Vizcaíno en los Diálogos por la Transformación –como denominan a las conferencias de prensa– que esta semana se celebraron en Manzanillo, epicentro de la transformación en Colima[1], acompañada de su secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Seidum), Marisol Neri, y de la alcaldesa Rosi Bayardo.

La mandataria estatal dijo que desde que se anunció el programa mucha gente se interesó. Y eso refleja una necesidad no atendida: “donde el mercado no resuelve, el Estado tiene que entrar para ampliar derechos, para convertirlos en una realidad”.

El más de un millón de nuevas viviendas que la presidenta de México planea construir durante su mandato, abundó Indira, serán para gente de escasos recursos y personas con diversas vulnerabilidades que no han podido acceder a otros programas habitacionales o a las modalidades crediticias del Infonavit.

LA CASA CHICA

A muchos nos sonará exagerado que, teniendo en Colima una industria de la construcción y desarrollo habitacional tan poderosa como la que llenó de fraccionamientos de interés social la zona conurbada capitalina o la periferia de Manzanillo, el programa federal contemple adicionar más de 13 mil viviendas a la oferta inmobiliaria en la entidad.

Hay incontables casas no habitadas en todos los municipios donde se han construido desarrollos. Y si bien es posible que todas esas fincas hayan sido asignadas mediante un crédito de Infonavit o de lo que en su tiempo fue el Ivecol y luego Insuvi, lo cierto es que así desocupadas no están cumpliendo su función.

Incluso las que se han puesto en renta a un tercero evidencian que no se adquirieron como vivienda, sino como inversión ‘para cuando los hijos crezcan’. O, peor, que habitar esas casas resulta tan inconveniente por lo alejado y la falta de transporte o de seguridad, que sus propietarios mejor no las ocupan.

Este fenómeno se dio en todo el país y, ahora sabemos, fue en gran parte consecuencia de los criterios que siguieron los promotores de vivienda con el aval de las autoridades del Infonavit:

– Fraccionar predios alejados de la mancha urbana, para permitir que los terrenos intermedios ganen plusvalía. De esta manera, los urbanizadores forzaban a las autoridades a acercar los servicios (redes eléctricas, de agua potable y drenaje).

– Construir sobre terrenos con las medidas mínimas que especifica una Ley de Vivienda que, por lo demás, fue redactada para ampliar los márgenes de utilidad de los desarrolladores. Tenemos urbanizaciones en Colima como ‘las pichoneras’, donde los beneficiarios tomaron por la fuerza la casa de al lado para obtener un frente digno, en lugar de cuatro metros. O, en Villa de Álvarez, incontables unidades de casas duplex y edificios de departamentos de tres o cuatro pisos abandonados.

– Con el mismo objetivo de sacar el mayor número de lotes o manzanas por hectárea, trazaron calles con el ancho de un andador, argumentando que se trata de accesos privados cuando, en realidad, son simples callejones que por lo mismo carecen de banquetas y jardineras.

Un desarrollo habitacional razonable puede contemplar pies de casa con una sola recámara, pero sobre terrenos suficientemente amplios para permitir una futura ampliación de la vivienda. Y lo ideal es que las fincas no estuviesen adosadas: pegadas una a otra, incluso compartiendo el muro divisorio.

En Colima, donde lo que sobra es terreno, podríamos ser ejemplo nacional de vivienda popular construidas sobre lotes con una superficie tal que, no sólo puedan acomodar una cochera, sino también patio de servicio y hasta corral.

SE PAGA COMO RENTA

Trece mil viviendas más, parecen muchas. Pero se requerirán en la medida que los planes de infraestructura portuaria avancen y se generen en la entidad, concretamente en Manzanillo, los puestos de trabajo que obligarán a la fuerza laboral del estado y otras regiones del país a mudarse cerca de los nuevos empleos.

Sobra decir que dejar esa demanda a la lógica del mercado motivaría una especulación inmobiliaria, con los efectos ya conocidos en otras expansiones urbanas: vivienda cara, alejada de los centros de trabajo y fuera de las rutas de transporte o carente de comercios y servicios educativos, de salud o esparcimiento (incluido el templo), equipamiento urbano que suele llegar a esas colonias tiempo después que se habitan las viviendas.

La alcaldesa Rosi Bayardo enlistó los predios en Manzanillo ya autorizados por Sedatu: uno en la Abelardo L. Rodríguez, con una superficie de 53 mil metros cuadrados y una capacidad de 560 viviendas; otro en la avenida Elías Zamora Verduzco, el Desarrollo San Luis con una superficie de nueve mil 300 metros cuadrados y una capacidad para 139 viviendas; y el tercero en Prados de Salagua, con una superficie de siete mil 294 metros cuadrados y capacidad para 109 viviendas.

Por su parte, Marisol Neri León explicó que, de las 13 mil 250 viviendas planeadas, siete mil 250 se construirán con créditos para población derechohabiente de bajos ingresos, incluyendo personas no activas, a través del Infonavit. Las otras seis mil se construirán vía la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), con financiamientos para población no derechohabiente de bajos ingresos, subsidiados con una tasa de interés del 0%.

CRÉDITOS BLANDOS

Para otorgar ambos tipos de créditos pagaderos hasta en 30 años, se realizará un estudio socioeconómico que determine la capacidad económica, pero la mensualidad será asequible pues no debe rebasar el 30% de los ingresos del beneficiario.

Este programa nacional de vivienda es, en gran parte, posible gracias a las reformas al Infonavit, acompañadas de una política pública en la que el Estado participará activamente en la construcción de vivienda.

Eso no gusta, por supuesto, a los desarrolladores de vivienda y líderes patronales y sindicales que crearon un modelo de financiamiento a la vivienda en donde el menos beneficiado fue el derechohabiente.

Como López Obrador, Claudia Sheinbaum emprende acciones para resarcir el daño a los trabajadores afectados por esas mafias que, hasta antes de 2018, estuvieron incrustradas en los órganos de dirección del Infonavit y, todavía recientemente, figuraban en los órganos de representación patronal y sindical del fondo.

NO ESCUCHAN RAZONES

Son agentes del viejo régimen y, por eso, no sorprende escuchar a la diputada federal Julia Jiménez Angulo diciendo que la reforma al Infonavit “no sólo representa una amenaza directa a los ahorros de los trabajadores mexicanos, sino también un intento evidente de despojar a los ciudadanos de los recursos que han ahorrado con sacrificio y esfuerzo durante años”[2].

La también dirigente estatal del PAN, quien repite curul en San Lázaro nuevamente por la vía plurinominal, se pliega a la línea de su partido en contra de la iniciativa presidencial para reformar la Ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo, en materia de vivienda con orientación social:

“Morena quiere disponer arbitrariamente de 2.4 billones de pesos provenientes de las aportaciones de los trabajadores para sus viviendas, sin establecer mecanismos adecuados de control ni vigilancia. Ese dinero no les pertenece; es resultado del esfuerzo de años de trabajo, y no permitiremos que se lo lleven para financiar sus proyectos fallidos”, declaró la legisladora.

Acaso consciente de que se trata de una mentira, Jiménez Angulo se apega a la argucia de presentar la reforma como una propuesta de Morena que, con ideología comunista, busca apropiarse de las cuentas individuales a través de “una empresa filial que administraría los ahorros de los trabajadores sin transparencia ni regulación”.

La consigna a los representantes panistas la retoman los congresistas del PRI. La vicecoordinadora de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Xitlalic Ceja García, señaló que así como el gobierno de la 4T primero se apropió de “los recursos de las afores y las cuentas inactivas de los ahorros de los mexicanos”, ahora se quiere “adjudicar los recursos de las subcuentas del Infonavit” para seguir financiando “sus tropelías”, en concreto, esos “proyectos que no tienen pies ni cabeza”[3].

INFONAVIT CONSTRUCTOR

La mentada “empresa filial” es la clave del conflicto. Que el Infonavit vuelva a construir vivienda, directamente y no a través de desarrolladoras privadas, supone para algunos “una regresión” que –siguen sin explicar por qué– afectaría las finanzas de los trabajadores.

Lo que sí mermaría son los negocios particulares en este ramo de la construcción que, cabe recordarlo, tiene un objetivo social y no de lucro. La reforma plantea que el Instituto vuelva a construir vivienda como hacía antes de la iniciativa de Carlos Salinas de Gortari en 1992.

Las casas y departamentos edificados con este nuevo esquema serían puestos en arrendamiento con pagos no superiores al 30 por ciento del salario, a fin de convertir esa renta durante diez años en un ahorro que cubra el enganche y le permita a los inquilinos acceder al crédito hipotecario para el que, inicialmente, no calificaban.

Infonavit tiene reserva territorial en 30 estados: 143 predios que suman poco más de 500 hectáreas, donde construir más de 86 mil viviendas nada más este año, con 114 proyectos arquitectónicos realizados por el Tecnológico Nacional de México.

Por su parte, Conavi ya cuenta con 318 predios de reserva territorial federal, estatal y municipal, lo que representa dos mil 769 hectáreas.

Finabien que, además del envío y recepción de remesas, junto a la promoción del ahorro se dedican al otorgamiento y colocación de créditos, va a colocar todo el recurso que reembolsarán los derechohabientes en un cajón del Fideicomiso de la Financiera para el Bienestar, para que regrese al programa y hacer más vivienda nueva.

A su vez, Fovissste dará apoyo a 400 mil acreditados y liquidará seis mil 792 mil créditos, además de condonar intereses, congelar saldos y aplicar quitas a 288 mil 522 derechohabientes.

Y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) va a regularizar 300 mil lotes en el oriente del Estado de México; ya tiene también la anuencia de nueve ejidos para regularizar seis 6 mil lotes en Sonora, Sinaloa y Ciudad de México.

PALIAR EL PROBLEMA

No obstante las notorias bondades del programa, hay toda una campaña en contra basada en la prevalencia de la libre empresa.

Fernando Soto-Hay, director general de Tu Hipoteca-Fácil, en declaraciones a El Financiero hace casi un año dijo: “Esta idea de que el Infonavit sea constructor es regresar a los setenta, a los ochenta, donde hubo una enorme cantidad de corrupción, en donde los trabajadores no tenían la capacidad de elegir en dónde querían vivir y cómo”[4].

Según el promotor inmobiliario, la propuesta que hizo en su momento López Obrador “estructuralmente no funcionará porque desprotege las finanzas del Infonavit, al subsidiar la vivienda y la renta social”.

Esta postura contrasta con la de Francisco Andragnes, CEO de la plataforma de rentas Homie, quien comentó a ese mismo diario que involucrar al Infonavit en el mercado de arrendamientos podría ayudar a paliar el problema de la falta de vivienda.

“En Homie estamos a favor de cualquier medida que ayude a aumentar la oferta de vivienda económica, ya sea en renta o venta, que tanto hace falta”, sentenció.

MENTALIDAD DE AGIOTISTA

Mediante el pánico moral, apelando a la fobia de los sectores más conservadores a cualquier forma de intervención económica del Estado, beneficio colectivo o política social que afecte privilegios, la oposición prianista busca defender un esquema de control tripartita que no ha sido para nada transparente ni supervisable.

Las diputadas del PRIAN arriba citadas llaman “robo descarado” o apropiación indebida destinada “a solventar la ineficiencia y los errores de la actual administración”, a la reforma para corregir lo que ha sido una práctica abusiva por parte de los representantes del sector patronal y laboral en el Infornavit, en complicidad y para beneficio no sólo de las empresas desarrolladoras de vivienda sino de los despachos jurídicos especializados en la recuperación de cartera vencida.

La presidenta Sheinbaum Pardo puntualizó el 18 de diciembre, en ‘las mañaneras del pueblo’: “Lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit; que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos” [5].

Urgía modificar la Ley del Infonavit para “erradicar la corrupción, asegurar que el uso de recursos de los trabajadores sea transparente y generar un esquema en el que también participen los desarrolladores privados, con el objetivo de garantizar la construcción de vivienda social”.

La reforma plantea que el instituto no sólo sea un fondo de ahorro que distribuya los recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que pueda construir vivienda de interés social y cumpla con su objetivo central: otorgar el derecho a la vivienda a los trabajadores.

CARTEL DEL EMBARGO

El lunes 27 de enero, el Gobierno de México dio a conocer que, como parte del seguimiento al congelamiento de saldos y mensualidades a 2 millones de créditos por parte del Infonavit, se detectó una estrategia que se implementó en 2012 a través de la cual despachos legales interpusieron juicios masivos en contra de 373 mil derechohabientes, de los cuales 249 mil perdieron la propiedad de su vivienda[6].

¡Eso sí es robo!

Sheinbaum destacó que continúan presentando denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), para encontrar a los responsables de los fraudes cometidos contra derechohabientes del Infonavit en gobiernos anteriores a los de la Cuarta Transformación. Y el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó en qué consistió la estrategia de los juicios masivos:

De entrada, los despachos legales no notificaron a los acreditados que habían caído en impago, que se había iniciado un proceso en su contra; además, incluyeron en la lista de deudores a personas que no tenían problemas de pago; y, por si fuera poco, se demandó al 80 por ciento de los trabajadores en estados que no correspondían a su residencia, lo cual encareció la defensa legal del asunto. Todo esto sin que el Comité de Auditoría ni la Comisión de Vigilancia del Instituto realizaran alguna acción en defensa de los acreditados.

De las 249 mil propiedades que se ‘recuperaron’, 207 mil no han podido ser escrituradas a favor del Infonavit por irregularidades en el proceso y 42 mil fueron vendidas en subastas masivas. Sin olvidar que 22 mil 386 acreditados que fueron afectados por los juicios masivos, actualmente están al corriente en sus pagos.

Pese a las irregularidades de los despachos legales, el Infonavit les pagó durante ocho años 29 mil 263 millones de pesos (mdp), cantidad mayor a lo que se ha destinado a programas como la Pensión para el Bienestar para Personas con Discapacidad y la nueva beca universal “Rita Cetina Gutiérrez”. Monto superior incluso al presupuesto anual del Infonavit (alrededor de 17 mil mdp), del Programa de Entrega de Fertilizantes (17 mil 500 millones), de la Pensión para Mujeres del Bienestar (14 mil 700), el del estado de Tlaxcala (28 mil millones) o el de Colima (23 mmp).

RESARCIR EL DAÑO

Entre los principales despachos involucrados en los juicios masivos se encuentran GABSSA, a la que se le pagó más de dos mil mdp; así como ACSER que, a través de la gestión de un dirigente sindical del Infonavit, recibió un pago de 103 mdp para desalojar de manera corrupta e irregular a los trabajadores de sus viviendas.

Cuando López Obrador instruyó al Infonavit a detener los juicios masivos, nueve de esos despachos simularon 63 mil 444 juicios individuales curiosamente a través del juzgado 60 Civil en la Ciudad de México, buscando repicar la misma estrategia de los juicios masivos extraterritoriales. El 96 por ciento de las judicializaciones admitidas por ese juez, correspondían a créditos de trabajadores de otros estados.

Por fin, en noviembre de 2024 la administración de Sheinbaum pudo detener ese proceso. Ahora hay que resarcir el daño a los derechohabientes que fueron afectados por el esquema de juicios masivos, y denunciar penalmente a los responsables de los despachos involucrados, así como a notarios y funcionarios del Poder Judicial.

QUITA DE INTERESES

Finalmente, vale decir que los esquemas de negociación de Infonavit y Fovissste responden a una política pública que busca apoyar a quienes cotizaron para un crédito de vivienda, no sólo para que disfruten de ese derecho sino para que puedan conservar la propiedad pagada con el préstamo.

Esa visión de Estado contrasta con la lógica especulativa de quienes se aprovecharon del fondo para construir vivienda en terrenos baratos o para hacer negocio revendiendo casas cuyo valor de reposición ya fue cubierto por el acreditado original.

Esas viviendas obtenidas por el especulador a precio de remate, mediante el despojo y en simulacros de subastas, con una mínima inversión en la ‘manita de gato’ volvieron al mercado inmobiliario, dejando todavía ganancias después de entregar su comisión a abogados, jueces y agentes de bienes raíces.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com

[1] ‘Gobierno del Estado de Colima y Sedatu avanzan para definir dónde se construirán las más de 13 mil casas del Programa Viviendas para el Bienestar’. Gobierno del Estado de Colima, Coordinación General de Comunicación Social, Boletín de Prensa, Colima, Col. 29 de enero de 2025.

[2] ‘Con los ahorros de las y los trabajadores, ¡NO!: Julia Jiménez’. Colima al Día, Colectivo de Noticias, 28 de enero de 2025. https://colimaaldia.com/notas/notaCompleta/39745

[3] ‘»¡No a la reforma del Infonavit!», Morena busca apropiarse de los recursos de las subcuentas de vivienda: diputada del PRI Xitlalic Ceja’. Grupo Parlamentario PRI, Comunicación Social, Cámara de Diputados, 27 de enero de 2025. https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/grupo-parlamentario/-no-a-la-reforma-del-infonavit-morena-busca-apropiarse-de-los-recursos-de-las-subcuentas-de-vivienda-diputada-del-pri-xitlalic-ceja

[4] ‘‘Infonavit, el Constructor’ sería una regresión y afectaría finanzas de trabajadores, advierten’. Nota de Fernando Navarrete. El Financiero, 7 de febrero de 2024. https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2024/02/07/reforma-al-infonavit-de-amlo-puede-afectar-recursos-de-trabajadores/#:~:text=Cabe%20recordar%20que%20desde%20la,y%20la%20colocación%20de%20créditos.

[5]‘El objetivo de la reforma a la Ley del Infonavit es erradicar la corrupción y hacer vivienda social: presidenta Claudia Sheinbaum’. Comunicado. Presidencia de la República, 18 de diciembre de 2024. https://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-objetivo-de-la-reforma-a-la-ley-del-infonavit-es-erradicar-la-corrupcion-y-hacer-vivienda-social-presidenta-claudia-sheinbaum

[6] ‘Continúan denuncias ante FGR por fraudes en el Infonavit y se resarcirán daños a afectados por juicios masivos’. Comunicado. Presidencia de la República, 27 de enero de 2025. https://www.gob.mx/presidencia/prensa/continuan-denuncias-ante-fgr-por-fraudes-en-el-infonavit-y-se-resarciran-danos-a-afectados-por-juicios-masivos-presidenta-claudia-sheinbaum