Por: Adalberto Carvajal

Por mero goce intelectual, el abogado Federico Anaya-Gallardo[1] hubiera querido –como muchos otros juristas– que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) siguiera discutiendo el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá. Había elementos, dice, cuyo análisis constitucional valía la pena haber oído.

Sin embargo, la Corte decidió no ir al fondo del asunto después de la pausa para comer que, seguramente, la ministra presidenta Norma Piña aprovechó para tratar de doblegar a Alberto Pérez Dayán. Al inicio de la sesión, el también presidente de la segunda sala había adelantado su posición en contra del proyecto de invalidez de la reforma judicial. Y al mantener su criterio, el ministro tomó distancia del bloque que esperaba lograr con su voto la mayoría calificada.

Pérez Dayán declaró: es total y absolutamente improcedente; ello conduce a sobreseer “por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario; resolver en el sentido que propone la propuesta sería —lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona— responder a una insensatez llevada irresponsablemente al Texto Supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”[2].

En la Videocharla Astillada a la que el periodista Julio Hernández López lo invitó para continuar la conversación que iniciaron en Astillero Informa, Anaya retomó lo que acababa de decir Hamlet García Almaguer quien, además de haber sido diputado federal de Morena en la anterior legislatura, tiene una maestría en Derecho Procesal Constitucional y un doctorado en Derechos Humanos: tarde comprendió el pleno que “la estrategia que habían seguido, no les iba a funcionar”.

Hasta ese momento los ministros habían sido conservadores, comenta Anaya: primero, vieron “si era legítima la persona”; luego, si iba “a proceder el caso”; después entraron “al debate de cada uno de los argumentos”. El anuncio de Pérez Dayán los desalentó de ir al fondo del asunto: ¿por qué la Corte, ahora sí, quiere discutir la constitucionalidad de reformas constitucionales? Y puso a Norma Piña al borde de la desesperación.

LA DOCTRINA CHIMOLTRUFIA

Como abogado, a Federico Anaya le hubiera gustado oír una argumentación que prometía, en temas como el de las cláusulas pétreas de la Constitución o los derechos humanos de los juzgadores. Pérez Dayán, empero, “rompió la magia” al adelantar su postura.

Después de su anuncio, el estudio a fondo habría sido “un ejercicio académico” completamente, porque el bloque ya no tenía los ocho votos [mayoría calificada] para aprobar el proyecto de Carrancá, aunque reuniera los seis votos [mayoría simple] que se requerían para continuar el procedimiento.

Todavía la ministra Piña hizo un último intento de tomar por sorpresa a los disidentes: Yasmín Esquivel, Lenia Batres, Loretta Ortiz y Alberto Pérez. Sobre la marcha “quiso cambiar las reglas con las cuales se desarrolló la sesión”. Y buscó que con esos seis votos se pudiera declarar la invalidez de las normas impugnadas, así fueran ocho los que hacen mayoría calificada en una Corte de 11 ministros[3].

En la crónica de La Jornada se relata cómo Piña preguntó a los ministros que votaron contra la procedencia: “¿Ustedes van por el sobreseimiento?” De eso depende el estudio, porque esos cuatro votos “no nos darían lugar a declarar la invalidez o a reconocer la validez de la reforma”.

Una vez que los cuatro ratificaron su posición, la presidenta de la Corte cada vez más nerviosa y contrariada insistió: “¿se necesitan seis u ocho votos?” Los ministros que argumentaron en contra del proyecto que facultaba a la Corte para revisar una reforma constitucional, respondieron que se requerían ocho para declarar la validez o invalidez de la reforma judicial en alguna de sus partes.

Para Federico Anaya, el argumento de Piña señalando que como tras la reforma la Corte quedará reducida a nueve ministros, ya desde ahora sólo se necesitan seis votos para conseguir la mayoría calificada en el pleno, responde a “la doctrina Chimoltrufia”: ‘como digo una cosa, digo otra’.

FUE CONGRUENTE, NO TRAIDOR

Piña quiso usar la letra constitucional reformada, para echar abajo la reforma a la Constitución. La Corte en funciones la forman 11 personas, y se necesitan ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de lo que se esté discutiendo. Sin Pérez Dayán sólo quedaron siete a favor, y ya no se dio el debate fuerte respecto a “si la Corte puede declarar inconstitucional una norma constitucional”.

Es cierto que los criterios jurisprudenciales evolucionan. Durante la sesión el ministro Javier Laynez Potisek explicó por qué el suyo había variado desde la primera vez que votó, siguiendo a la mayoría de entonces en un sentido contrario al que hoy sostiene. Sin embargo, Pérez Dayán fue consistente con las decisiones que previamente había tomado. Siendo un hombre práctico, dio la nota al sostener: ‘podemos discutir lo que quieran, pero no vamos a juntar los ocho votos que se necesitan para imponer el proyecto de Carrancá’.

Por su congruencia, Pérez Dayán fue tildado inmediatamente de traidor por las huestes que se manifestaban afuera de la Corte. Sin embargo, desde hace casi un año él dijo que los ministros tienen que defender lo que está en la Constitución. Y si algún día cambia la Constitución, tendrán que defender esos cambios.

Anaya criticó en su momento “esa última parte de la declaración”, porque no es muy congruente decir que un ministro está para servir a cualquier tipo de Constitución. No obstante pondera a Pérez Dayán porque, con toda claridad, señaló que no podemos revisar la Constitución en términos de constitucionalidad o de convencionalidad.

ZEDILLO TUVO MIEDO

La Corte quiso jugar a la política sin tener experiencia, observa Anaya. Piña se reunió con los partidos y lo negó, pero al final la evidenció el diario Milenio. Al hacer mala política, lo único que consiguieron los ministros del bloque fue confundir a la gente. Muchos espectadores de la sesión entendieron que seis votos eran suficientes para declarar la inconstitucionalidad de la reforma, cuando en realidad se estaba votando exclusivamente sobre continuar o no la discusión.

García Almaguer apuntó un concepto interesante: que la Suprema Corte de México necesita una ‘mayoría especial’ para declarar inconstitucional “algo fuerte”, subraya Anaya. Curiosamente “su prima viejita y muy conservadora”, la Corte Suprema de los Estados Unidos, puede resolver un asunto con la mitad más uno de los votos.

Eso lo determinó Ernesto Zedillo cuando disolvió al máximo tribunal del país y dejó un pleno de 11 ministros. El presidente tenía miedo de que la Corte, “envalentonada con la transición a la democracia, pudiera empezar a decretarle inconstitucionalidades a diestra y siniestra”.

En su sexenio (1994-2000), el régimen priista perdió el control total y toda la legitimidad política. Y ante el peligro de que la tercera parte de las cámaras pudiera impugnar una propuesta que el presidente hubiese logrado pasar, Zedillo metió la regla de un mínimo de ocho de 11 ministros para declarar anulada una reforma a la ley.

Llevada por esa lógica de la mayoría calificada, Piña quiso rebajar el número a seis votos porque la nueva Corte tendrá sólo nueve miembros. Al escuchar ese razonamiento, la ministra Batres no pudo reprimir una exclamación: “¡Guau!”

El dilema que se presentaba no era entre anular completamente la reforma o anularla parcialmente, sino algo más grave. Al cambiar el criterio que antes tenía la Corte respecto a su incompetencia para declarar inconstitucional o inconvencional la Constitución, ya todo sería posible en la mente de los ministros.

Siempre que sacas a un jurista mexicano de su zona de confort, empieza a trastabillar, señala Anaya. La abogacía nacional debería imitar a la estadounidense que, como siempre han vivido en un mundo oral y en algunos estados todavía con jurado popular, tienen que “jugar todo el tiempo a la improvisación”.

A actuar políticamente están aprendiendo los ministros sobre la marcha. Y, al ser públicas las sesiones de la Corte, los ciudadanos y especialmente los reporteros estamos aprendiendo con ellos.

OEA, QUÉ COSA TAN FEA

El jueves 7 de noviembre se verá si Pérez Dayán se sostuvo en su dicho o no. Es díficil que ceda a las presiones. Aunque el ministro considerara retractarse, lo pensaría dos veces después de las agresiones que está sufriendo. En la derecha social mexicana hay un nivel de inmadurez tal que, apenas les rompen el juego, inmediatamente se enojan con su propio equipo y empiezan a golpearlos.

Así pasó con los Yunes a quienes Marko Cortés expulsó del PAN, incapaz de entender que, siendo malas personas por naturaleza, el que hayan dado su voto a Morena no significa que padre e hijo se van a mantener leales a la 4T. Y con la senadora del PRI, Cynthia López, sucedió igual: Alito Moreno la defenestró porque no estuvo presente para votar contra el blindaje a la reforma judicial[4]. La sacaron pensando que nunca iban a regresar. Y, así, solitos se hacen más poquitos.

En cuanto al camino que le queda al flanco conservador de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Anaya-Gallardo recuerda que durante el tiempo de un PRI tremendamente autoritario y todavía con Zedillo, la izquierda defendió los derechos humanos en el Sistema Interamericano. El problema es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es parte de la Organización de Estados Americanos, “y la OEA es una cosa muy fea” como dice la canción cubana.

Cuando ante la Corte Interamericana se acusó al gobierno de Rafael Correa de violar la libertad de expresión, luego que éste quiso fincar responsabilidades a los medios con concesiones del Estado por una cobertura informativa facciosa de la intentona golpista de 2011, el juez argentino Eugenio Raúl Zaffaroni razonó su voto en contra de la sanción al presidente, advirtiendo: hay que tener cuidado, ver realmente lo que está pasando en Ecuador para no hacerle el caldo gordo al conservadurismo.

La derecha trata de manipular la justicia internacional, y usa los argumentos de derechos humanos que la izquierda también ha esgrimido, sostiene Anaya.

¿QUÉ SÍ ES CONSTITUCIONAL?

Finalmente, respecto a lo que planteó la ministra Lenia Batres Guadarrama al cuestionar la desestimación y exigir a los ministros que se pronunciaran sobre la validez o invalidez de la reforma, apercibiéndolos que de no hacerlo dejaban abierta la impugnabilidad de esa reforma en juicios de amparo, Federico Anaya confirma que esa es la idea del sobreseimiento y la desestimación.

Ya no se discutió el tema porque, como dice Pérez Dayán, los ministros no tienen competencia para decidir la validez de una reforma constitucional. Pero tampoco quedó en claro que la Corte no puede declarar si algo es, en positivo, constitucional.

Ese es el defecto del diseño del tribunal constitucional: puede decir que algo es inconstitucional si tiene una mayoría fuerte de ocho de 11 o, en el futuro, seis de nueve votos, pero no fue concebido para decir qué sí es constitucional.

No se trata de irnos al otro extremo, porque los extremos se tocan. No se necesita que la Corte diga que algo es constitucional para que sea constitucional. La presunción es que el Constituyente permanente hizo las cosas bien, y si la Corte no encuentra en las leyes ordinarias algún defecto de constitucionalidad, son constitucionales.

Es el principio de presunción de validez de las leyes. Se tiene que demostrar que las leyes ordinarias están mal porque van en contra de la Constitución. Pero en ningún lado dice que la Corte tiene que decir que son constitucionales, porque eso significaría darle una especie de último voto de calidad. Exactamente lo que no querríamos.

MANIPULACIÓN JUDICIAL

Mantener la puerta abierta para que alguien pueda presentar una solicitud de amparo, en un país de picapleitos como es México puede ser peligrosísimo. Por lo demás, “todavía no discutimos la controversia constitucional del estado libre y soberano de Guanajuato. Está pendiente y podríamos volver a tener otro día el mismo espectáculo del martes”.

La Ley de Amparo dice que no se puede usar esa figura para impugnar una reforma constitucional. Los jueces que admitieron las demandas y emitieron suspensiones, violaron el procedimiento. Y al finalizar esos cientos de juicios de amparo, el gobierno y el Poder Legislativo van a poder demostrar que ellos no tenían por qué cumplir suspensiones que estaban desde el principio mal dictadas. En sus sentencias, esos jueces de Distrito tendrán que reconocer que no tienen competencia para discutir si es o no constitucional una reforma constitucional.

Donde había un agujero es en las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Pero estuvo bien tapado durante los 30 años que la Suprema Corte dijo que no podía entrar a conocer de estos asuntos. Era una interpretación de la Corte y tan la podían cambiar que, ahora, pretendieron cambiarla. Lo pueden volver a hacer con la controversia constitucional de Guanajuato, aunque predeciblemente terminará igual porque no es probable que actores como Pérez Dayán cambien sus posiciones.

Hacia el futuro, ya más tranquilos, deberemos discutir qué cosas son importantes que entren a la Constitución. E imponerles el requisito del referéndum, para ratificarlas. Así no sería el Poder Judicial el constituyente, sino el electorado.

El tema de los amparos, pues, ya está cerrado. No hay manera jurídica ni política de abrirlo, resume Federico Anaya. Como confirmó el juez de Distrito a cargo del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, Rigoberto Almanza Rico: quienes presentaron amparos en contra de la reforma constitucional esperando obtener una suspensión, en realidad quisieron manipular al Poder Judicial; los jueces y magistrados sabían que no debían presentar dicha solicitud, y quienes concedieron la suspensión lo hicieron a sabiendas que no era procedente.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com

[1] ‘#ReformaJudicial ¡No hubo de Piña! ¡Quiso hacer trampa, bajando de 8 a 6 votos!’ Julio Astilero, 5 de noviembre de 2024. https://www.youtube.com/watch?v=Jz_U3DKXDRk

[2] ‘Ministro Pérez Dayán rompe bloque de 8 contra reforma judicial’. Forbes México, 5 de noviembre de 2024. https://forbes.com.mx/ministro-perez-dayan-rompe-bloque-de-8-contra-la-reforma-judicial/

[3] ‘La reforma al Poder Judicial va’. Nota de Gustavo Castillo, Iván Evair Saldaña y César Arellano. La Jornada, 6 de noviembre de 2024. https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/11/06/politica/la-reforma-al-poder-judicial-va-2322

[4] ‘Renuncia al PRI la senadora que no votó contra el blindaje de las reformas de la 4T’. Nota de Andrea Becerril y Georgina Saldierna. Periódico La Jornada, miércoles 30 de octubre de 2024, p. 8. https://www.jornada.com.mx/2024/10/30/politica/008n1pol